Me lo comentaba el otro día el maestro José Antonio
Marina: según los análisis de Forbes, la educación es el gran sector de estos
nuevos tiempos, sustituyendo a lo que fue la informática en las décadas
anteriores (en el prólogo de un libro de Tom Peters de 1992, Reinventando la Excelencia, un servidor
comentaba que la tercera revolución industrial se inició el día que Microsoft
valió como empresa más que General Motors; en Del Capitalismo al Talentismo me refería a los análisis del Premio
Nobel de Economía James Haskett de que la educación es la inversión más
rentable, con un ROI del 1.700%).
Sin embargo, la formación empresarial es la
asignatura pendiente de nuestra industria cultural, a pesar de que seamos el 4º
país del mundo en Escuelas de Negocios. Así lo recogía la Agencia EFE al
informar sobre el encuentro “Claves para el impulso de las industrias
culturales y creativas” del mes pasado. El sector de los libros y la prensa,
(que es el 40’3% de las actividades culturales), aporta un 1,04 por ciento al
PIB y genera 54.800 puestos de trabajo.
La DG de Políticas Culturales y del Libro, Mª Teresa
Lizaranzu, explicaba las dificultades de acceso a la financiación por parte de
las empresas culturales por la falta de experiencia a la hora de elaborar
estudios de viabilidad necesarios para acceder a créditos ICO (una oportunidad
de mejora común entre las pymes españolas). Su ministerio trabaja en una línea
de créditos por 11 M € para resolverlo. La DG puso como ejemplo a la industria
del videojuego.
Según Lizaranzu, otro de los cambios que deben
afrontar los gestores culturales es la internacionalización, una proyección que
el sector debe realizar con el ICEX. Por ello, destacó el programa de Acción
Cultural Española (AC/E), con un presupuesto de 12 millones de euros, 2 más que
el pasado año. AC/E desarrolla un programa para la internacionalización de la
cultura española mediante la participación en diferentes conmemoraciones en el
exterior.
También comentaba en Del Capitalismo al Talentismo que los partidos políticos, tal como
están configurados, son instituciones suicidas. César Molinas y Elisa de la
Nuez, que están promoviendo una iniciativa para cambiarlos, escribían ayer en
la prensa que “funcionan rematadamente mal, porque se han convertido en
instituciones para la defensa de intereses particulares en detrimento del
interés general y porque son incapaces de articular una salida creíble a la
crisis económica, institucional y moral que aflige a la sociedad española desde
hace ya seis años”. “La democracia española se ha degradado tanto que lo único
importante que se dirime en las elecciones es quién gestionará la licitación
pública, las subvenciones y la regulación. Es decir, las elecciones deciden a
los amigos de quién irán a parar los despojos de la acción política. Otras
cuestiones como, por ejemplo, qué hacer con los seis millones de parados, cómo
mejorar la enseñanza, cómo acabar con la corrupción o qué hay que hacer para
salir de la crisis acaban siendo irrelevantes porque los principales partidos
españoles no tienen propuestas diferenciadas sobre cómo resolver estos
problemas”. “Los programas electorales acaban siendo o sartas de ocurrencias o
propuestas destinadas a no cumplirse”.
“¿Cómo se ha llegado a esta situación y qué puede
hacerse para corregirla?”, se preguntan. “El fortalecimiento de las cúpulas
dirigentes de los partidos como medio de evitar la inestabilidad política fue
una opción que se adoptó, por omisión, cuando se decidió dejar vacía de
contenido la Ley de Partidos Políticos de 1978. En la práctica esto dejó la
puerta abierta a la autorregulación de los mismos, lo que ha llevado a la falta
de transparencia y de democracia interna y a la cooptación como método
principal para determinar las carreras políticas y para la elaboración de las
listas electorales”. “En el diseño español, la única participación política que
se espera de la ciudadanía es que acuda a las urnas cuando se convocan
elecciones”. “Así las cosas y con el tiempo, a base de cooptación reiterada, se
ha consolidado en España una casta —la llamada “clase política”— de personas
que deben su cargo o su empleo al favor político”. “Unas 300.000 personas sería
una estimación prudente del tamaño de un colectivo que ha acabado replicando
las características del caciquismo español tradicional. El interés particular
de esta clase política consiste en perpetuarse en su actual estado, manteniendo
la jerarquía comensalista con la que accede a las arcas públicas y a la
extracción de rentas del sector privado de la economía mediante la licitación,
la contratación y la regulación”. “Esta es la razón de fondo por la que la
clase política española no es capaz de articular respuestas creíbles a la
crisis: porque todas estas respuestas requieren reformas profundas que afectan
a su interés particular”. Y concluyen: “Tiene que ser la sociedad civil la que,
movilizándose, tome el protagonismo y exija los cambios necesarios. Si no lo
hace, las cosas seguirán empeorando”.
Que estamos en un cambio de era es innegable. La respuesta
es la educación; la tragedia, las instituciones suicidas. Mi gratitud a quienes
apuestan por el progreso y no por mantener sus intereses particulares en
detrimento del desarrollo de una sociedad más avanzada.