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sábado, 25 de diciembre de 2010

¿A quién pertenece el talento?

Comida de navidad en el Mesón de Cándido junto al Acueducto de Segovia. Cándido López Sanz (1993-2003), Mesonero Mayor de Castilla, es una leyenda de la gastronomía. Precursor del turismo, su sentido de la hospitalidad era paradigmático. En 1960, con ocasión del I Congreso Mundial de Gastronomía celebrado en París, Cándido fue proclamado Príncipe de la Gastronomía española. “Tenía las virtudes del castellano de raza: trabajador y honesto, y tuvo la suerte de estar acompañado de una gran mujer que era mi madre, Patro. Era un poco filósofo y de una inteligencia fuera de lo normal, con una obsesión: su mesón y su familia”, Alberto López. “Cándido, vestido de labriego castellano y de arriero del páramo ha dado legitimidad en su mesón a la generación del 98, premios Nóbel, bellezones de Hollywood y figuras del toreo y convirtió el cochinillo en logotipo culinario de una ciudad célebre desde el Imperio Romano. Nadie en la cocina española creó una leyenda más constante y universal”, Lorenzo Díaz. Tomar un cordero segoviano en la plaza del Azoguejo, entre fotos de S.A.R. el Príncipe de Asturias, Mario Vargas Llosa o Vicente Aleixandre, mirando al bimilenario acueducto, es una maravilla de la navidad.

De la prensa de ayer y de hoy, me ha dado qué pensar el artículo de Fernando Vallespín, ¿A quién pertenece el talento?
“La ley Sinde no ha sido aprobada en el Congreso. Más por pequeños y cicateros cálculos políticos de la oposición que por auténtica convicción moral. Se podrá discutir si los procedimientos de control que prevé la ley son los adecuados o si convendría introducir otros, pero la cuestión de principio parece sensata, la protección de la propiedad intelectual en unos momentos en los que Internet permite piratear el trabajo de toda una industria, la así llamada "industria cultural".
Son pocos los que piensan que hay que abogar por el "gratis total" y dejar las cosas como están. La mayoría de quienes se han manifestado en su contra lo han hecho a partir de la convicción de que no se pueden poner puertas al campo, que no es factible establecer un mecanismo de control adecuado sin vulnerar la lógica de este nuevo espacio de libertad que encontramos en la Red. Algunos reconocen el legítimo derecho de los creadores a algún tipo de compensación, aunque juzgándolo contingente y limitado al necesario ajuste que imponen estos nuevos medios. Sus derechos se restringen, pues, en razón de los requerimientos de este instrumento, no a la inversa. Si hay que elegir, más vale un Internet libre de interferencias -es además poco lo que se puede hacer para evitarlo- que una puesta en cuestión de este sacrosanto instrumento, caiga quien caiga.
Hay algo cierto por parte de los críticos, y es que la dificultad para asegurar el copyright está obligando a cambiar las actitudes y prácticas de la industria cultural y de quienes viven de ella. Al modificarse los soportes tradicionales -y esto es particularmente cierto respecto de la música-, se rompen muchas de las inercias anteriores en la producción y difusión. Y, sobre todo, se obliga a entrar en un completo reajuste de costes, que va en la dirección de una radical caída de precios para estimular las compras legales frente al pirateo. Es difícil de evaluar el daño económico que esto está provocando, aunque se supone que debe de ser elevado. Más difícil de calcular es ya el valor de lo perdido como consecuencia de la reducción de los incentivos que comporta para el sector de la creación artística e intelectual.
Sin una adecuada protección, ¿para qué crear o innovar? ¿Quién podrá vivir en el futuro de este tipo de actividades que se sustentan sobre el talento? El argumento de que las grandes multinacionales de esta industria podrían disminuir drásticamente sus beneficios, algo bastante popular, oculta sin embargo el daño que supone para creadores modestos, que ven reducida casi a la nada su capacidad para sobrevivir de lo que debería ser su profesión.
Lo que se aprecia en el trasfondo de este debate no es ya solo la defensa de la gratuidad o "libertad" de Internet, o la dificultad de su control, sino ciertas curiosas actitudes hacia lo cultural. Una es aquella que identifica los intereses de los creadores en general con aquellos que ya están consagrados, quizá porque su mayor popularidad les obliga a una mayor presencia pública en la defensa de los intereses de todos. Al desaparecer los más modestos del ojo público, se da la impresión de que estamos ante el lamento de una secta ya de por sí privilegiada y que se creía bien blindada detrás de la SGAE. Otra actitud es la diferente evaluación de la economía de la creatividad frente a otras actividades que tienen su origen también en el trabajo humano. A todo el mundo le parece perfecto que un abogado o un médico facturen por su trabajo, pero parece como si tuviéramos un derecho natural a beneficiarnos de los resultados de la creación artística, la innovación y el talento en general, como si nos perteneciera a todos. Al creador se le retribuiría en todo caso con prestigio.
Esta última idea entra, sin embargo, en una contradicción. Si los productos del talento y la creatividad humanas son de todos, como yo también pienso, se convierten ipso facto en un bien público que debe ser protegido. Por tanto, los responsables políticos deben garantizar que pueda ser defendida con todos los medios a nuestro alcance. Y como las subvenciones públicas solo pueden ser limitadas, la única posibilidad es que puedan competir libremente en el mercado como cualquier otro profesional, algo que en estos momentos no están en condiciones de hacer mientras no se actúe -de forma sensata y eficaz, claro- contra la piratería en Internet. ¿O pretenden que los hagamos funcionarios?”

Comparto el punto de vista del profesor Vallespín y estoy absolutamente en contra de la piratería en Internet. Como no protejamos nuestro talento, mal vamos.